Abogados de Alex Saab piden a la ONU investigar supuestas violaciones a los DD. HH. contra el empresario

Abogados de Alex Saab, señalado de ser el mayor testaferro de Nicolás Maduro, denunciaron ante el relator especial de las Naciones Unidas que el empresario colombiano ha sido sometido a trato vejatorio y que sus derechos fundamentales han sido violados. 

El equipo legal de Saab solicita de forma urgente establecer comunicación con el Gobierno de la República de Cabo Verde para manifestar los supuestos obstáculos presentados desde la detención del acusado. 

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En comunicación, relatan las presuntas violaciones a los derechos humanos a las que habría sido sometido Saab: 

• “Su detención es ilegal por dos razones: en primer lugar, porque se trata de una persona con inviolabilidad diplomática incluida en el Derecho Internacional (de hecho, en su viaje portaba documentación que lo acreditaba como Enviado Especial, agente diplomático, y que le confiscaron las autoridades caboverdianas sin dar reconocimiento a esta condición); y, en segundo lugar, porque la detención se basó en una supuesta alerta roja de Interpol solicitada por EEUU que más adelante se comprobó que no existía, pues se redactó un día más tarde”. 
• “El Sr. Saab se ha visto sometido a una situación arbitraria desde ese día de su detención en la isla de Sal (Cabo Verde), además de inhumana y degradante. Se le ha denegado atención médica (a pesar de ser un paciente de cáncer), se le han negado condiciones habituales de otros internos y solo se le ha permitido acceso consular en dos ocasiones”. 
• “Al Sr. Saab se le han impuesto graves obstáculos de acceso a su derecho de defensa:  se le ha ido reduciendo diariamente el tiempo de reunión con su equipo de defensa local, se ha impedido el acceso a prisión de su equipo de defensa internacional, se le ha trasladado irregularmente a una prisión regional en Sal y se ha deportado, hasta en dos ocasiones, a uno de los miembros de la defensa internacional”. 

Los defensores del empresario califican los hechos como una “clara persecución política” por lo que solicitan una intervención de la ONU y elevar el caso a los organismos pertinentes. 

Exhortan a respetar las garantías del debido proceso “en el marco de la debida independencia de jueces y abogados y subsanar todas y cada una de las irregularidades sufridas”.