EE.UU. tilda a Maduro como “el capo” del narcotráfico en el continente
El Gobierno de Donald Trump emitió un memorándum en el que detalla los países dónde hay mayor producción y tránsito de drogas ilícitas.
El informe detalla también los esfuerzos y cooperación de dichas naciones para combatir el narcotráfico, no obstante, destacan que en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro se ha convertido en “el capo” con mayor complicidad para el tránsito de estupefacientes en el continente.
“El capo más cómplice de este hemisferio es el dictador venezolano, Nicolás Maduro. Este marzo, un tribunal estadounidense acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a los Estados Unidos”.
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Detalla que estas naciones figuran en la lista de países donde se producen, transitan y comercializan drogas peligrosas para ser ingresadas a territorio estadounidense: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El Departamento de Estado insta a dichos gobiernos a cooperar con la lucha contra el narcotráfico, además reconoce labores como las de Colombia que han permitido interceptar los envíos de coca, además de identificar a grandes traficantes con la ayuda de la política de Iván Duque.
“Colombia debe avanzar en la reanudación de la erradicación aérea, que sigue siendo un instrumento irremplazable en el arsenal del gobierno, junto con la erradicación manual y el desarrollo económico alternativo”, señala el escrito.
En cuanto a México, expresa que ha fracasado en el cumplimiento de sus compromisos en materia de fiscalización internacional de drogas.
LEA EL MEMORÁNDUM INTEGRO:
MEMORÁNDUM PARA EL SECRETARIO DE ESTADO
TEMA: Determinación presidencial sobre el tránsito mayor de drogas
o los principales países productores de drogas ilícitas para
Año fiscal 2021
En virtud de la autoridad que me han conferido como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluido el párrafo 1 del artículo 706 de la Ley de autorización de relaciones exteriores, ejercicio económico de 2003 (Ley pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico a los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos de su gobierno en materia de lucha contra los estupefacientes ni el nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición estatutaria de un país importante de tránsito de drogas o de un país importante productor de drogas ilícitas que figura en los incisos 2 y 5 del apartado e) del artículo 481 de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, en su forma enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA), la razón por la que se incluye a los países en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas transiten o se produzcan, incluso si un gobierno ha aplicado medidas de fiscalización de estupefacientes sólidas y diligentes.
Las drogas ilícitas causan un enorme daño a la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si bien mi Administración ha logrado un progreso constante en la contención de la marea de la epidemia de drogas de nuestro país, las organizaciones delictivas transnacionales desafían continuamente nuestro éxito violando nuestras fronteras e inundando nuestra patria con estas sustancias mortales.
Los Estados Unidos están llevando la lucha contra estas organizaciones criminales y sus facilitadores a una escala sin precedentes. En abril del presente año inicié las operaciones antinarcóticos más importantes de los últimos decenios contra el tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental mediante el despliegue de activos militares estadounidenses en el Comando Sur de los Estados Unidos en cooperación con 22 aliados internacionales. Esas operaciones dieron lugar a la incautación de más de 80 toneladas métricas de cocaína y otras drogas peligrosas, lo que privó a las organizaciones delictivas transnacionales de más de 1.800 millones de dólares en beneficios y puso en evidencia a los capos de la droga que están en el punto de mira de los Estados Unidos.
El capo más cómplice de este hemisferio es el dictador venezolano, Nicolás Maduro. Este marzo, un tribunal estadounidense acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a los Estados Unidos. En respuesta, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Se unió a una multitud de otros compinches del régimen que están acusados por los Estados Unidos o fueron sancionados por delitos de drogas por el Departamento del Tesoro. Los Estados Unidos seguirán apoyando al pueblo venezolano, al Presidente interino Juan Guaido y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y trabajarán junto con el Gobierno interino legítimo de Venezuela para detener el tráfico de drogas y erradicar los elementos criminales que han explotado a ese país. El ilegítimo régimen de narcotráfico de Maduro debe ser juzgado por sus delitos.
Si bien llevar a la justicia a delincuentes como Maduro sigue siendo una prioridad urgente, los Estados Unidos también necesitan que otros gobiernos del hemisferio occidental asuman una mayor responsabilidad en la reducción del suministro de drogas ilegales.
En Colombia, el Presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo firmes asociados de los Estados Unidos, y las fuerzas policiales y militares colombianas han demostrado una gran valentía y compromiso al tomar como objetivo a los traficantes de drogas de alto nivel, interceptar los envíos de drogas y erradicar manualmente la coca. No obstante, el cultivo de la coca y la producción de cocaína siguen estando a niveles inaceptablemente altos. Para alcanzar nuestro objetivo común de cinco años de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023, Colombia debe avanzar en la reanudación de la erradicación aérea, que sigue siendo un instrumento irremplazable en el arsenal del gobierno, junto con la erradicación manual y el desarrollo económico alternativo.
También es muy preocupante que el cultivo de coca y la producción de cocaína sigan estando cerca de los máximos históricos en el Perú, otro aliado de larga data de los Estados Unidos. El Perú es un valioso asociado de los Estados Unidos en materia de represión y ha demostrado un compromiso constante en la lucha contra todos los aspectos del comercio de drogas. Exhorto al Gobierno del Perú a que reanude las operaciones de erradicación en las regiones productoras de coca de alto rendimiento del país, entre ellas el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Desde la renuncia del ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia contra las redes de narcotráfico ha aumentado bajo el gobierno de transición de Bolivia. El gobierno de transición logró importantes avances en la interdicción de drogas y reanudó la tramitación de solicitudes de extradición de narcotraficantes por parte de los Estados Unidos. No obstante, el cultivo de coca sigue excediendo los límites legales establecidos en las propias leyes internas de Bolivia para usos medicinales y tradicionales, y el Estado boliviano no ha adoptado medidas suficientes para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país frente a la explotación delictiva. Si el Gobierno boliviano, incluida su Asamblea Legislativa, adopta en el año próximo medidas suficientes para subsanar esas deficiencias y continúa los progresos realizados en los últimos 10 meses bajo el gobierno de transición, consideraré la posibilidad de retirar a Bolivia de la lista del año próximo de países que, según se ha demostrado, no han cumplido sus responsabilidades en materia de fiscalización de drogas.
El año pasado advertí que consideraría la posibilidad de determinar que México ha fracasado de manera demostrable en el cumplimiento de sus compromisos en materia de fiscalización internacional de drogas si no intensificaba sus esfuerzos por aumentar la erradicación de la adormidera, interceptar las drogas ilícitas antes de que crucen la frontera con los Estados Unidos, aumentar sus enjuiciamientos de traficantes de drogas e incautar sus bienes, y elaborar una estrategia amplia de fiscalización de drogas. Este año, México aprobó con éxito las reformas sobre decomiso de activos, aumentó las extradiciones de traficantes de drogas peligrosos a los Estados Unidos, hizo progresos sustanciales en la realización de su primer estudio sobre el rendimiento de la adormidera en 17 años y elaboró una estrategia de lucha contra las drogas. Si bien estos son signos de progreso, hay que hacer más.
México sigue siendo la fuente de casi toda la heroína y la metanfetamina incautada en los Estados Unidos, y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país. Además, los cárteles mexicanos aprovechan los desiguales controles de precursores químicos en México para fabricar drogas mortales, como el fentanilo, dentro de México y pasarlas de contrabando a los Estados Unidos. Las interceptaciones de drogas mexicanas siguen siendo demasiado bajas frente a estas amenazas críticas de drogas. Esos cárteles representan una clara amenaza para México y para la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control eficaz sobre algunas partes de su país.
México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas delictivas y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. México debe seguir extraditando a los principales agentes delictivos, intensificando las investigaciones exhaustivas y las incautaciones de drogas y activos, y aplicando un sólido programa de erradicación de la adormidera basado en datos y vinculado al desarrollo alternativo sostenible. El gobierno mexicano debe reconocer la tendencia alarmante de la producción de fentanilo dentro de su territorio. Debe dar prioridad a las medidas de represión dirigidas a la producción y el tráfico de fentanilo por parte de los cárteles -la principal sustancia implicada en las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos- y fortalecer los esfuerzos dirigidos a los precursores químicos del fentanilo que son objeto de un tráfico abrumador desde China, así como al contrabando y la producción de fentanilo. También se debe hacer más para combatir la creciente producción de metanfetamina de los cárteles.
Los Estados Unidos siguen dispuestos a profundizar su asociación con México para hacer frente a esos retos comunes y acogen con beneplácito la oportunidad de elaborar objetivos conjuntos de fiscalización de drogas con México e investigaciones bilaterales basadas en un intercambio transparente y abierto de información y pruebas de investigación que permita el éxito de los enjuiciamientos.
Muchos militares y profesionales de la aplicación de la ley mexicanos, en cooperación con sus homólogos estadounidenses, se enfrentan valientemente a las organizaciones delictivas transnacionales que amenazan a ambos países. A menos que el gobierno mexicano demuestre progresos sustanciales en el próximo año con el respaldo de datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se determine que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos en materia de fiscalización internacional de drogas.
De conformidad con la sección 706(2)(A) del FRAA, designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber incumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes y por no haber adoptado las medidas exigidas en la sección 489(a)(1) del FAA. Se incluyen con esta determinación las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, como lo requiere la sección 706(2)(B) de la FRAA.
También he determinado, de acuerdo con las disposiciones de la sección 706(3)(A) del FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno provisional legítimo de Venezuela y al gobierno boliviano son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Se le autoriza y dirige a presentar esta designación, con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, de acuerdo con la sección 706 del FRAA, al Congreso, y a publicarla en el Registro Federal.
Donald Trump
